La implantación de nuevos peajes en las carreteras españolas lleva sobre la mesa ya casi tres años. Se trata de una medida que planteó en su momento el Gobierno y que tenía que dar sus primeros pasos a lo largo de este 2024, aunque finalmente ha quedado relegada a un segundo plano, a la espera de que se retome la propuesta.
El pasado verano, el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, anunciaba que para este ejercicio “por imposición de Bruselas tendremos que poner peajes”. Al poco tiempo, tanto la propia DGT como el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, negaban esa intención de imponer nuevos peajes en España “por el uso de carreteras”.
Pero la Comisión Europea confirmaba el compromiso que había adquirido el Ejecutivo español en línea con el principio de ‘quién contamina, paga’. La portavoz económica de la Comisión, Veerle Nuyts, después de tantos desmentidos, aseguraba que “entendemos que el plan de España se refiere a un mecanismo de pago por el uso de carreteras que comenzará en 2024”.
La propuesta de nuevos peajes en 2024 fue un compromiso que incluyó el Gobierno en el plan de recuperación que se envió a Bruselas en 2021. En dicho documento se recogía la necesidad de “desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carreteras”, como ocurre en el resto de infraestructuras.
En uno de los puntos de este proyecto se incluye también que “se revisará la financiación de las vías de alta capacidad”, fijándose un “sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal”. Incluso se menciona la intención de “crear un pago por uso de la red de carreteras” poniendo como fecha de comienzo de esos peajes en 2024 para las autovías.
Detrás de esta decisión se esconde un motivo de peso, ya que a cambio el Estado obtendría una serie de fondos europeos. Pero de no cumplir con lo pactado se enfrentaría a un serio recorte de ayudas.
En cualquier caso, la idea de poner en marcha nuevos peajes tendría el objetivo de costear el mantenimiento de las principales carreteras del país. De los 24.466 kilómetros que componen la red viaria española, casi la mitad corresponden a vías de alta capacidad. Entienden que el uso de estas infraestructuras supone un desembolso cada vez mayor que resulta muy complicado de sufragar con los recursos presupuestarios.
A mediados de 2022, la Dirección General de Carreteras encargó una serie de informes a la consultora Ineco para analizar el sistema de financiación de las carreteras, donde se contemplan los nuevos peajes en 2024. Sin embargo, unos meses después de remitir el borrador de anexo al plan de recuperación de Bruselas el Gobierno decidió posponer sus intenciones, aunque la Comisión Europea ha señalado que se trata de una reforma pendiente de ejecutar.
La propuesta todavía está pendiente de decidir el sistema que se utilizará para el cobro así como los nuevos precios de los peajes. Solo se aplicaría sobre aquellas que fueran de titularidad estatal, pero sin que estuviera muy claro el modelo a aplicar. Sobre la mesa había dos posibilidades.
Una de ellas consistía en una especie de tarifa plana, con el pago por el sistema de viñetas. El conductor se hace con una especie de pegatina o un registro para la matrícula que permitirá su circulación por las carreteras de peaje sin ningún tipo de restricción. Ya se emplea en sitios como Países Bajos o Austria.
Este formato es posible contratarlo por días, semanas, meses o años, siendo esta última opción la más empleada. Es decir, a cambio de una cantidad fija que se abonaría una vez al año se podría circular por todas las carreteras.
La otra alternativa que se contempla es el pago por kilómetros. Esto supondría asumir una cantidad de dinero por la distancia que se recorra en las vías afectadas. Para esto sería necesaria la instalación de arcos de peaje y determinar la cantidad a cobrar por kilómetro.
Se desconocen los nuevos precios de los peajes, aunque inicialmente la intención es que fuera un céntimo por kilómetro, según el Ministerio de Transportes. La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras barajó los 4 céntimos, frente a los 9 de la patronal de concesionarias de autopistas Seopan. Fueron tres de las propuestas que se llegaron a conocer.
Sin embargo, también hay que tener en cuenta la idea que planteó la Asociación Española de la Carretera. Proponía cobrar 3 céntimos por kilómetro a los automóviles y 9 a los vehículos pesados. A ello se le unía también el ‘bono de movilidad’, que permitiría a todos los coches circular durante un máximo de 10.000 kilómetros de manera gratuita por todo tipo de carreteras, ampliando esa cifra hasta los 50.000 kilómetros para vehículos pesados.
En cualquier caso, se tratan de estimaciones, ya que todavía este planteamiento se encuentra en el aire.
Hay mucha incertidumbre sobre este proyecto de implantación de nuevos peajes en España. La información facilitada ha llegado a cuentagotas, sin profundizar demasiado en las condiciones. Pero si nos dejamos llevar por el principio de ‘quien contamina, paga’, esto supondría que aquellos vehículos eléctricos o con pegatina medioambiental CERO sean los que menos abonen. Por su parte, los de etiqueta B o C pagarían algo más que los híbridos, mientras que la mayor cantidad recaería sobre aquellos coches que carezcan de etiqueta.
Algunos medios también recogen que habría una serie de colectivos que quedarían exentos de asumir el pago de estos peajes. Sería el caso de los que se desplazaran a una consulta médica, a un centro educativo o trabajadores que acudan a su puesto. Lo mismo ocurriría con aquellos que dispusieran de menos recursos.
La imposición de estos nuevos peajes obedece a un compromiso adquirido por parte del Gobierno español con Bruselas, pero también a la necesidad de obtener más fondos para el mantenimiento de las vías. En cualquier caso, los conductores ya tienen que hacer frente a importantes cantidades de dinero anualmente a través de los impuestos. En el año 2022, la Agencia Tributaria recaudó casi 40.000 millones de euros de los conductores, lo que representa un 13,2% más que el ejercicio anterior.
Por su parte, la inversión en las vías ascendió a 1.371 millones de euros, lo que dejó a nuestro país a la cola respecto al resto de estados de la Unión Europea. Con los nuevos peajes se prevé recaudar en torno a 3.000 millones de euros, que servirían para cubrir el déficit existente en este sector que alcanza los 8.000 millones. Los planteamientos iniciales que se han dado a conocer no han gustado nada entre los propietarios de vehículos ni tampoco entre los profesionales del transporte.
Entienden que se trata de una medida con afán recaudatorio, que afectará sobre todo a aquellos que más kilómetros realicen a lo largo del año. En muchos de los desplazamientos que hagan se les obligará a pagar.
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